¿Entre menos armas, menos violencia?

Cuando don Flavio Romero de Velasco, uno de los más ilustres gobernadores que ha tenido Jalisco, instrumentó a fines de los años 70 del siglo pasado el Programa de Despistolización –“los delincuentes portan pistolas del tamaño de su miedo”, decía–, pensó que desarmando a la gente, delincuentes o no, se podría reducir de manera considerable el número de delitos.

Aunque en este momento no dispongo de cifras exactas sobre el resultado final de aquel programa, lo cierto es que el tiempo dio la razón a este gobernador, porque logró reducir significativamente el número de homicidios, asaltos y robos, según el sentir de muchos ciudadanos que vivieron aquella época, al comparar lo que ocurría en Jalisco antes y después de ese sexenio en materia de seguridad pública.

Contexto internacional

Sin embargo, en el contexto mundial, los estudios realizados no demuestran de manera contundente que entre menos armas en la población civil exista menos violencia; por lo contrario, hay casos verdaderamente asombrosos como lo son Canadá, Suiza, Finlandia, Australia e Israel, donde existe amplia flexibilidad legal para que la gente porte armas, mientras que las tasas de homicidios en esos países son más bajas que en otros países desarmados como son Venezuela, Colombia, México, Brasil, Rusia y Sudáfrica.

En Estados Unidos, donde según su presidente Donald Trump, los asesinatos masivos no se deben a la cantidad de armas en manos de la población civil, sino a enfermedades mentales de quienes cometen estos crímenes (lo dijo claramente al comentar el último asesinato colectivo de Texas), hay 89 armas por cada 100 habitantes, el índice más alto del planeta. Y obviamente registra Estados Unidos uno de los más altos índices de homicidios.

Lo cierto es que entre más armas estén en poder de la población civil, puede haber mayor número de homicidios y más violencia.

¿Pero qué pasa? Las estadísticas internacionales muestran que el control más riguroso sobre las armas de fuego no reduce por sí solo la violencia, por muchas razones, entre otras, porque las leyes no son siempre eficaces para restringir la compra de armas (el contrabando, la corrupción, las influencias, etcétera, hacen muy difícil este control).

Cuestión de cultura

Por lo que veo, también hay que considerar cosas de cultura, de historia, de educación, de formación de la gente de cada país e incluso de cada región, porque si en México, por ejemplo, se diera amplia libertad a la gente para portar armas, lo más seguro es que volveríamos a los viejos tiempos, cuando por una cosa o por otra (simplemente porque me caes mal) habría que sacar la pistola y resolver las cosas a la brava (sucedió muchas veces, incluso en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).

En conclusión, en México lo que más conviene es restringir las armas de fuego en manos de la población civil, y que sólo los miembros de las corporaciones policíacas y del Ejército puedan portarlas, siempre y cuando esto sea para proteger la seguridad y derechos de la gente.

 

javiermedinaloera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 19 de noviembre de 2017.

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¿Armas para todos?

En respuesta a mi anterior artículo sobre la urgencia de capacitar a toda la gente para protegerse contra los delincuentes que en forma nunca vista proliferan hoy a lo largo y ancho del país, sin que ninguna autoridad pueda hacer nada efectivo contra ellos, recibí numerosos comentarios que hablan de la preocupación general por este problema de seguridad; incluso algunos apuntan soluciones que vale la pena analizar.

Entre los comentarios recibidos figura el del buen amigo Carlos Prospero, antiguo compañero de “El Informador” y ahora distinguido académico, quien definitivamente se pronuncia porque se permita a todos los mexicanos portar armas para su legítima defensa, ya que por lo visto nadie está en posibilidad de garantizar su vida y sus bienes, debido obviamente a la ineptitud y/o corrupción de las autoridades.

Sin demérito de la opinión de Carlos, que mucho aprecio, esta tesis no es nueva, pues varias veces la escuché en labios del licenciado Jesús González Gortázar, el “Chacho”, hijo del exgobernador Jesús González Gallo, uno de los mejores mandatarios que ha tenido Jalisco. Decía el “Chacho” que todos deberíamos portar armas –incluso él lo hacía no sólo como charro, sino en su vida diaria–, porque primero –decía– está el derecho a defendernos ante cualquier circunstancia.

Puntos para considerar
Muy bien, pero hay varios puntos que hemos de analizar:

El primero es que el gobierno mexicano no va a permitir así como así que toda la gente porte armas, porque se provocarían casos tan graves como los que ocurren con frecuencia en Estados Unidos, donde cualquier loco se agarra matando gente a diestra y siniestra (lo sucedido recientemente en Las Vegas recuerda este riesgo).

En segundo lugar, aun cuando las autoridades fueran flexibles en los permisos de portación, es necesario capacitar a la gente para el manejo de armas, porque los delincuentes están obviamente mejor preparados para estos menesteres, a veces más que los militares y los policías: es su oficio y en él se juegan la vida.

Y un tercer problema, que considero el más importante, es que muchos no nacimos para manejar armas y menos para matar gente. Hay quienes –me consta–, que se resisten a matar animales incluso tan peligrosos como alacranes y ratas, así que, atentar contra la vida de un ser humano, por muy delincuente que sea, no está en su plan de vida.

¿Qué hacer entonces?
La conclusión es lógica, que el gobierno en todos sus niveles –federal, estatal y municipal–cumpla con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos; es increíble que éstos ya ni siquiera se animen a salir a la calle, y menos de noche, por el temor de ser asaltados.

Lo he dicho muchas veces y lo repetiré cuantas veces sea necesario: la principal función del Estado es garantizar la vida de los ciudadanos y sus bienes, porque de otra manera no se justifica.
Los únicos autorizados para portar armas en este país deben ser los policías y los militares, pero siempre para proteger a la población.

javiermedinaloera.com

 

Artículo publicado por la revista Conciencia Pública en su edición del domingo 29 de octubre de 2017.

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¿Y ahora quién podrá defendernos?

Uno de los grandes éxitos del genial humorista Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, fue la excelente serie del “Chapulín Colorado”, según la cual, ante cualquier circunstancia apurada, la gente acudía a él para que ayudara.

Sin embargo, el “Chapulín Colorado” murió junto con su autor, de suerte que ahora los mexicanos no tenemos realmente a quién acudir para salvar nuestras vidas y bienes, puesto que las autoridades hacen poco o ningún caso para protegernos.

La inseguridad pública destaca hoy entre los grandes problemas de Guadalajara, de Jalisco y de México, la peor tragedia que hemos sufrido en toda la historia, después de las grandes revoluciones sociales.

Sin embargo, los políticos están hoy como siempre dedicados a lo suyo, es decir, a conquistar o mantener el poder a cualquier precio, en función de sus personales intereses, sin tomar en cuenta las angustias de la gente, que sufre sus repetidos errores.

Hay bastante preocupación entre la gente por lo que está pasando, sin que se vean resultados claros en su favor, y esto tanto a nivel federal como estatal y municipal. La falta de gobierno es manifiesta.

Es un hecho que la delincuencia organizada, y la común y corriente, ha rebasado a la autoridad, encargada de velar por la seguridad de la población. La principal función del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos, porque de otra manera no se justifica. La gente vive en comunidad principalmente por su interés de proteger su vida y sus bienes. Si el gobierno no cumple con esta función, está fallando gravemente.

En respuesta a esta seria inquietud social, hace unos días la Universidad de Guadalajara emprendió un programa para preparar a sus alumnos ante cualquier emergencia de inseguridad que se les presente, sobre todo porque han abundado en Guadalajara y en todo Jalisco los asaltos, robos y homicidios contra estudiantes, de los que hay ya más de 400 casos en sólo este año, y lo peor, sin que se llegue a descubrir y castigar a los malhechores.

Bien que nuestra Máxima Casa de Estudios se preocupe por proteger a sus alumnos, enseñándoles al menos la forma de defenderse ante cualquier eventualidad de esta naturaleza, pero, el gran pero, es que nos quedamos al margen de esta preparación todos los demás jaliscienses y mexicanos que no tenemos la fortuna de contar con instituciones que nos orienten al respecto.

Sé que para los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan, por ejemplo, no les resulta “político” preparar a la gente para que se defienda de asaltantes, homicidas y ladrones, porque ello sería reconocer su ineficacia en materia de seguridad pública. Sin embargo, los tiempos lo exigen y vale más que lo acepten.

Artículo publicado por la revista Portada de México en su edición de octubre de 2017.

javiermedinaloera.com

 

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Seguridad para todos

Ante los constantes asaltos y homicidios contra estudiantes en esta Zona Metropolitana, la Universidad de Guadalajara ha emprendido un programa de protección para sus alumnos, a fin de prepararlos contra cualquier contingencia, ya que sólo en este año se han registrado cerca de 400 actos de violencia contra ellos.

Lo más triste es que en la mayoría de los casos se trata de jóvenes a quienes sólo por robarles su celular los asesinan sin piedad alguna, lo cual es verdaderamente imperdonable.

El valor de la vida
Muy lamentable que esto ocurra hoy en una ciudad como Guadalajara, pero al parecer ya nos estamos acostumbrando a este tipo de noticias, lo que no sucedía hace varias décadas, cuando las cosas eran diferentes: la seguridad era uno de los principales objetivos del gobierno y de la sociedad.

Es evidente que al paso del tiempo quienes vivimos en esta región hemos perdido, entre otros importantes valores, el de la seguridad, de lo cual nos preocupamos, ciertamente, pero poco hacemos para reforzarla a nivel institucional, comunitaria y en el ámbito familiar.

Es importante que la Universidad de Guadalajara, la máxima Casa de Estudios de Jalisco, se preocupe por preparar a sus estudiantes ante cualquier contingencia. Esto nos da un ejemplo de lo que toda la sociedad, con sus instituciones, debemos hacer de inmediato, ya que las cosas, no están para menos.

Preparación para todos
Muy bien que la Universidad de Guadalajara prepare a sus estudiantes para protegerse ante los delincuentes que proliferan por todos los rumbos de Jalisco, pero urge que las demás instituciones federales y estatales emprendan un programa similar para el común de los ciudadanos, no sólo para los estudiantes, porque obreros, campesinos, empresarios, profesionistas, amas de casa, también requerimos de los más elementales principios de seguridad ante el ambiente que vivimos.

La angustia ante el actual clima de inseguridad es terrible. Los políticos no lo ven así porque en su mayoría traen guaruras que los protegen y además circulan en camionetas blindadas, es decir, se sienten seguros ante cualquier posible agresión, pero esto no es lo mismo para los demás ciudadanos, estudiantes, amas de casa, profesionistas, trabajadores, empresarios desligados del poder. El problema requiere atención urgente.

Orientación básica, por lo menos
Es evidente que las actuales instituciones demuestran su ineficacia para brindar seguridad a los ciudadanos, que es su principal función, pero por lo menos, en este momento, debieran orientar a la gente para que se proteja lo mejor posible contra los delincuentes que abundan por todas partes.

Propongo al menos un manual de seguridad urbana, donde se oriente a la gente sobre los sitios de mayor riesgo y lo que cada quien debe hacer ante cualquier circunstancia, y si no es un manual, por lo menos un tríptico de amplia difusión en todos los barrios y colonias de la Zona Metropolitana y de las demás regiones de Jalisco y de México para que la gente sepa qué hacer ante cualquier caso de emergencia.

javiermedina loera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 15 de octubre de 2017.

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Si los perros hablaran…

Don Miguel de Cervantes Saavedra, ilustre escritor español del siglo 16, no sólo es autor del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, uno de los libros más leídos en la historia de la Humanidad, sino que escribió también algunas novelas cortas cuyo mensaje sigue vigente en pleno siglo 21.

Entendemos desde luego que el tiempo de Cervantes era el mismo de la Inquisición, que censuraba y castigaba severamente a todos aquellos que se atrevían a decir cualquier cosa en contra de la Santa Madre Iglesia o su doctrina, de suerte que él tuvo buen cuidado de no meterse en problemas.

Sin embargo, de las “Novelas Ejemplares” de Cervantes hay cosas de indudable valor actual como son ciertos pasajes del llamado “Coloquio de los perros”, según el cual un can llamado Berganza, al contar la historia de su vida a otro perro, Cipión (la gente siempre ha dicho que hay perros tan inteligentes que sólo les falta hablar. En este caso Cervantes los hace hablar), cuenta lo que le ocurrió con unos pastores a quienes sirvió con lealtad para evitar que los lobos se comieran sus ovejas.

¡Oh sorpresa!
Dice Berganza que desde el primer día de su encuentro con los pastores, que lo adoptaron de buen modo, hizo rondas por la noche alrededor de los llanos donde pastaban las ovejas para que no se acercaran los lobos, porque entendió que esa era su función, pero ¡Oh sorpresa!, al volver por la mañana a los agostaderos siempre encontraba algunas ovejas muertas, dizque atacadas por los lobos, de lo cual daban pronta cuenta los pastores al dueño de los animales.

Berganza, nada tonto, descubrió que por la noche, mientras él se preocupaba por cuidar que los lobos no se acercaran al rebaño, los mismos pastores mataban dos o tres ovejas, para aprovecharse de su carne, echándoles la culpa a los lobos. El dueño del rebaño les creía a los pastores y hasta les regalaba las pieles, a la vez que desquitaba su coraje contra los perros “buenos para nada”.
“!Válame Dios –decía Berganza– ¿quién podrá remediar esta maldad?, ¿quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que los centinelas duermen, que la confianza roba y que el que os guarda os mata?”.

Policías y ladrones
Hasta el día de hoy se siguen contando infinidad de historias sobre policías y ladrones que caminan de la mano. Pacíficos ciudadanos que han sufrido asaltos en sus casas o negocios, cuando se dan cuenta que fueron policías los autores, pronto se desisten de las demandas interpuestas, por temor a sufrir represalias en sus personas o contra miembros de sus familias.

De casos como éstos están llenos los anales judiciales de Jalisco, de México y del mundo. Y no sólo se trata de policías sino también de altos funcionarios públicos, tan obligados como los primeros a defender a la sociedad, pero que sólo ven por sus muy personales intereses, sin preocuparse por los demás.

¿Quién dijo que Cervantes está fuera de época? Si los perros hablaran…
javiermedinaloera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 17 de septiembre de 2017.

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Defensa propia, ¿único remedio?

Ante la creciente ola de violencia, robos e impunidad que invade a la Zona Metropolitana de Guadalajara, a Jalisco y casi todo el país, la gente empieza a preguntarse seriamente si no ha llegado el momento de que la sociedad asuma su propia defensa, sin esperar nada de autoridades que hasta la fecha han demostrado su ineptitud y probable complicidad con el crimen organizado y no organizado.

Esta inquietud conduce necesariamente a varios cuestionamientos de la mayor importancia:

En primer lugar, si las colonias, los barrios y los pueblos empiezan a organizarse para asumir su autodefensa ante el crimen, es tanto como reconocer que el Estado mexicano en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, ha sido definitivamente rebasado por el crimen (algo muy grave).

En segundo lugar está el problema de cómo la gente puede organizarse dentro del ámbito legal para defender sus intereses ante la evidente incapacidad de las autoridades para impartir justicia y seguridad pública.

La cuestión legal
En diversos estados del país han surgido movimientos de autodefensa social que buscan remediar la ineficacia y corrupción oficial; hay casos concretos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. En comunidades jaliscienses también ha habido intentos de autodefensa, pero no los han dejado prosperar. ¡Ya ni eso!

Partimos de la base de que brindar seguridad a la población es la principal función del Estado. Ningún Estado se justifica si no es capaz de impartir justicia y seguridad a la gente de su jurisdicción. En otras palabras, una de las grandes razones por las que los seres humanos vivimos en comunidad, es porque buscamos proteger nuestros intereses, entre los cuales destacan la vida y los bienes; de otra manera viviríamos aislados como ermitaños.

Sin embargo, cuando el Estado se desentiende de esta obligación, la gente tiene que buscar soluciones, porque ante una situación en la que están de por medio nuestro patrimonio y la vida misma, tenemos que salir adelante a como dé lugar.

Autodefensa social
No hablo de insurrecciones o revoluciones, que sería la salida demagógica más fácil, sino de otras importantes alternativas que es necesario agotar.

Para hacer frente a la delincuencia que nos invade y que amenaza con desplazar al propio Estado, los ciudadanos podemos oponer un mínimo de organización, en primer lugar, política, es decir, ponernos de acuerdo para no votar por sinvergüenzas para ocupar los cargos públicos, sino por personas que hayan demostrado honradez y un claro afán de servicio público.

La partidocracia, es decir, los acuerdos cupulares que han venido practicando los partidos políticos para proteger sus intereses y mantener el estado de cosas al margen de ideologías y del interés comunitario, no puede caber en un proyecto de autodefensa social.

Pero a la par de la cuestión política electoral, los ciudadanos, la gente de bien, tenemos que organizarnos en colonias, barrios y pueblos, reforzando la solidaridad con nuestros vecinos para protegernos (todos para uno y uno para todos) de los ladrones y de toda clase de criminales.

javiermedinaloera.com

 

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 30 de julio de 2017.

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En favor de los retenes


Uno de los grandes males que aquejan desde hace más de dos décadas a la sociedad mexicana es la inseguridad pública, contra la cual se han pronunciado todos los sectores políticos, económicos y sociales, en tanto que el gobierno parece no entender la gravedad del asunto, ya que pasan los días, los meses y los años sin que pueda aplicar medidas efectivas para combatirla.

Causa fundamental de esta inseguridad es el pistolerismo, es decir, la libertad tan amplia que desde el gobierno se ha dado para que la gente porte armas, incluso las de uso exclusivo del Ejército, con las cuales se cometen infinidad de crímenes, atentando contra la seguridad, la vida de las personas y sus bienes.

Hace unos días el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se pronunció en favor del plan de desarme anunciado por la organización México SOS, sobre la implementación de una campaña de canje de armas por dinero o bienes. Sin embargo, subrayó estar en desacuerdo con la aplicación de volantas o instalación de retenes, no obstante que estos dieron buen resultado en otros tiempos.

Pistolas del tamaño de su miedo
Fue el gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, quien a principios de su gobierno, a fines de los años 70 del siglo pasado, acuñó la frase de que los delincuentes portan pistolas del tamaño de su miedo, pero esto no sólo quedó en palabras, sino que emprendió una intensa campaña de despistolización, para lo cual instrumentó los famosos retenes policíacos de inspección en zonas conflictivas, contra los cuales algunos protestaron por considerar que eran violatorios de los derechos humanos, pero que sin duda fueron de lo más efectivo para contener la violencia criminal de aquella época.

De hecho, Romero de Velasco, junto con Jesús González Gallo, pasaron a la historia como los gobernadores que mayor seguridad brindaron a los jaliscienses en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del actual. Ambos sabían que la seguridad pública es la principal función del gobierno y supieron cumplir con este fundamental principio.

Quien nada debe, nada teme
Recuerdo una norma básica de gobierno, según la cual, cuando el gobernante se ve ante la disyuntiva de escoger entre dos cosas malas, lo cual ocurre con frecuencia, debe preferir siempre la que cause menos perjuicios a la sociedad.

Así las cosas, retomando el tema de la despistolización, es grave la libertad para que cualquiera pueda portar armas en la calle, con las cuales atentan contra la seguridad de todos.
Pero también es importante tomar en cuenta los derechos individuales, consagrados por la Constitución, que permiten a los mexicanos tener armas para su legítima defensa en su casa, no así en su automóvil, que algunos consideran como continuación de su hogar (tema discutible).

A fin de cuentas, que se preocupen por los retenes quienes tienen algo que ocultar o que temer. Quien nada debe, nada teme, y a cambio de una pequeña molestia, que puede compensarse con una mayor seguridad para todos, no tendría mayor inconveniente en apoyar estos dispositivos para la detección de armas en cualquier punto de la ciudad, del Estado y del país, porque es preferible limitar los derechos individuales que tolerar la criminal inseguridad pública que desde hace décadas agobia a la nación.
javiermedinaloera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 5 de marzo de 2017.

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El Ejército, ¿sólo en los cuarteles?

En las últimas semanas se ha planteado en redes sociales algo fundamental: ¿Debe el Ejército mexicano encerrarse en sus cuarteles o atender también las necesidades de seguridad pública que agobian al país?

Tal controversia la originó un pronunciamiento del secretario de la Defensa Nacional, al señalar que las fuerzas armadas de México deben volver a sus cuarteles, puesto que cuando actúan en las calles han encontrado la frecuente oposición de ciudadanos que sienten lesionados sus derechos humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto respondió que el Ejército seguirá en las calles mientras no existan garantías de seguridad, lo cual es correcto porque él comanda las Fuerzas Armadas, es su Jefe máximo, y seguramente ve un riesgo para la seguridad nacional, cuya salvaguarda está constitucionalmente en manos del Ejército.

Preparados para la guerra
El problema es que, en efecto, los soldados han sido preparados para la guerra, en este caso la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón y que se supone no ha terminado.

Sin embargo, tiene toda la razón el secretario de la Defensa cuando afirma que la seguridad pública no es una función del Ejército, sino de las policías nacionales, estatales y municipales, que, por lo visto, no han podido cumplir con su obligación.

Es obvio, en este caso, que falta capacitación, adiestramiento, motivaciones, estímulos, para las policías federales, estatales y municipales.

Difícil problema
Lo grave del caso es que la inseguridad pública persiste y crece en diversas zonas del país, lo que pone en riesgo no solamente la integridad de las personas sino también la seguridad nacional que involucra a la república entera.

En esta tesitura, la intervención del Ejército en las calles está justificada, porque no sólo se trata de salvaguardar la seguridad de los individuos, sino también la del conjunto social de estados y municipios.

Un cambio de objetivos nacionales e internacionales, por ejemplo, la legalización de las drogas, como ya se está considerando en los Estados Unidos, podría cambiar radicalmente la situación en México, porque ya no tendría sentido alguno esta guerra tan absurda, que no resuelve nada y que sólo aporta dividendos a unos cuantos.

Y digo tan absurda porque al fin de cuentas la gente hace lo que quiere: si les gusta consumir drogas, nadie se los va a impedir. La solución real está en la educación de la familia. Educar a los hijos en valores es la mejor inversión, pero en esto no se ha preocupado mucha gente y menos el gobierno.

javiermedinaloera.com

 

Artículo publicado por la revista Portada de México en su edición de diciembre de 2016.

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Cuando los muertos ya no cuentan

Fosa común. De Javier Leyva Candal. Seguridad Pública.

Hace 30 años, cuando este reportero “cubría” la “fuente” del Gobierno de Jalisco, me gustaba encontrarme, igual que hoy, con mis colegas, para comentar las noticias del día.

Y una noche, en la tradicional cantina “La Fuente” donde departía con mi buen amigo y colega Ángel Fuentes Ambriz (QEPD), quien “cubría” en aquel tiempo para “El Informador” la “fuente policíaca”, le pregunté sobre la noticia del día.

–“La principal noticia de hoy –dijo– es un atropelladito”.

No me extrañó su respuesta. Eran los años 80 del siglo pasado, cuando en Jalisco y en México aún había preocupación oficial por la seguridad de las personas, lo que lamentablemente se ha perdido.

Un “atropelladito” en la zona metropolitana de Guadalajara era noticia hace 30 años y se publicaba en todos los medios con profusión de datos: nombre, edad, sexo y condición social del accidentado; placas, color, marca y modelo del vehículo, conductor, sitio del accidente, etcétera.

A diferencia de aquellos días, ahora ya no aparecen en las noticias ni siquiera los muertos por accidente o por homicidio, menos los “atropelladitos”. Los medios publican cuando mucho un resumen estadístico de los ejecutados durante la semana, y salvo que se trate de algún personaje importante, rara vez ofrecen detalles sobre el crimen.

En otras palabras, se perdió el interés por la vida humana. Aquí como en Guanajuato y en todo México “la vida no vale nada”. La pérdida de un ser humano ya no merece aparecer ni siquiera en la nota roja. ¡Triste realidad!

Para muestras un botón

Por ejemplo, a principios de esta semana, en el barrio donde vivo, los vecinos se alarmaron al escuchar unos balazos y salieron a la calle para ver qué había sucedido. Hubo luego un gran movimiento de patrullas (después de que los maleantes habían escapado, claro está), llegó la Semefo y la gente preguntaba qué había pasado.

Pronto se supo que unos asaltantes habían matado a un muchacho que vivía solo en una casa rentada, todo porque se había resistido a que le robaran su equipo de sonido (era músico rockero) y una motocicleta que le servía para transportarse.

Al día siguiente revisé los periódicos locales para ver más detalles sobre este homicidio, pero no encontré ninguna referencia; tampoco escuché nada al respecto en la televisión ni en la radio. Fue el tendero de la esquina, quien recibe toda la información del vecindario, el único que satisfizo mis ansias de saber.

Seguridad, principal función del Estado

Entendamos de una vez por todas que la seguridad pública es la principal obligación del Estado; si éste no está en condiciones de ofrecer la seguridad que la gente necesita, no se justifica. Los seres humanos vivimos en sociedad para satisfacer nuestras necesidades, entre las que destaca la seguridad, y si las autoridades no pueden garantizarla, pues que renuncien y dejen el campo libre a otros que puedan.

Además, la gente necesita información sobre las cuestiones que más le interesan, como es su seguridad personal y la de sus familias. Si hay cortapisas por parte del gobierno para que los medios no informen sobre cosas tan vitales, más le vale rectificar cuanto antes porque le están causando un grave daño a la nación, y esos mismos políticos irresponsables podrían convertirse en víctimas en cualquier momento, por muy “blindados” que anden.

javiermedinaloera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 8 de mayo de 2016.

 

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Seguridad y justicia, retos de Almaguer

 Eduardo AlmaguerEduardo Almaguer.

Cuando hace unas semanas el gobernador Aristóteles Sandoval anunció el nombramiento del abogado Eduardo Almaguer como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Luis Carlos Nájera, muchos se preguntaron por qué se ubicaba ahí a un licenciado en Derecho sin experiencia policíaca, cuando lo más urgente es devolverle a Jalisco el ambiente de seguridad pública que disfrutó hace más de 30 años.

Sabido es que Carlos Nájera, cuando tomó posesión de la Fiscalía General, a principios de la actual administración priísta, traía ya una amplia experiencia como responsable de la seguridad pública estatal y municipal durante los últimos gobiernos panistas, de suerte que su nombramiento como fiscal general en esta administración llevaba implícito el propósito de aprovechar sus habilidades en este importante ramo del servicio público.

Sin embargo, por razones que valdría la pena analizar aparte, pasó el tiempo y no se obtuvieron los resultados esperados en materia de seguridad; la percepción general de los jaliscienses es que, lejos de disminuir, ha crecido en estos años el número de delitos. Éste fue sin duda uno de los motivos que precipitaron la remoción de este funcionario.

Y ahora la pregunta es si el nuevo fiscal, sin antecedentes en los servicios de policía, será capaz de rendir buenas cuentas en tan delicada materia. Él mismo confía en que sí lo hará porque espera rodearse del mejor equipo humano disponible en el área, a la vez que pondrá máxima atención en la otra responsabilidad importante de la Fiscalía, que es la procuración de justicia.

Por lo que respecta a la seguridad pública, Eduardo Almaguer anuncia que mejorará todo lo relacionado a la prevención del delito. Se trata, dijo, de optimizar la vigilancia y agilizar la respuesta de la autoridad en todos aquellos puntos donde pudiera esperarse la comisión de ilícitos, sin que esto implique la instalación de retenes o volantas para desarmar a la gente, lo que algunos consideran anticonstitucional.

En cuanto a la procuración de justicia, Almaguer asegura que seguirán adelante las denuncias pendientes de resolver tanto por lo que ve a los fraudes cometidos en contra del Congreso del Estado como al desvío de fondos públicos por parte de la pasada administración estatal, sin que pesen para el efecto obstáculos de carácter político.

El restablecimiento del Estado de Derecho, además de la acción policíaca, dice Almaguer, será tarea fundamental del gobierno en lo que resta de la administración.

En efecto, tanto o más importante que la seguridad, es en este momento el combate a la corrupción y a la impunidad. Al nuevo fiscal se le puede achacar su inexperiencia policíaca, pero de que cuenta con capacidad suficiente para rescatar el Estado de Derecho, ni quien lo dude. Todo es cuestión de que cuente con el apoyo necesario, porque ni la una, ni la otra, son tareas fáciles.

javiermedinaloera

Artículo publicado por la revista Portada de México en su edición de agosto de 2015.

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