Mucho se ha especulado sobre las causas de la inseguridad pública en México, que ha llegado a límites intolerables en varios estados, entre ellos Jalisco, ya que la pérdida de vidas humanas en lo que va del siglo XXI supera la de las peores tragedias registradas en diferentes épocas de la historia.
¿Es la pobreza la que eleva la estadística criminal?
Para algunos, el incremento de la estadística criminal, especialmente de homicidios y asaltos a mano armada, tiene que ver con la pobreza y la marginación social, es decir, que el hambre obliga a la gente de más bajos ingresos a delinquir. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es verdad, al encontrarse con frecuencia índices de criminalidad iguales o mayores en clases medias y altas.
¿Influye la pérdida de valores tradicionales?
Otros investigadores opinan que la pérdida de valores tradicionales, la descomposición social, la desintegración familiar, son causa determinante del aumento de la delincuencia, ya que al perderse el respeto a todo tipo de autoridad, tanto en la familia como en la sociedad, se propicia la multiplicación de actos ilícitos.
¿Acaso tiene que ver la ineptitud de las autoridades?
Desde luego hay quienes culpan de la inseguridad a las autoridades de todos los niveles, municipales, estatales y federales, por considerar que el gobierno incumple su obligación fundamental de brindar protección a la sociedad y de mantener la tranquilidad y la paz pública.
Y además hay quienes con sobrada razón hacen responsable del aumento de los delitos a la corrupción y deficiencias en la procuración y administración de justicia y del sistema penitenciario, cuyos vicios propician el alto índice de impunidad, que a su vez alienta a los delincuentes a seguir cometiendo toda clase de desmanes.
Seguridad y derechos humanos son compatibles
Desde que México logró su independencia y aún durante la época virreinal la delincuencia figuró siempre entre los principales problemas sociales, y cada gobierno lo enfrentó a su manera, de acuerdo a las circunstancias. Así por ejemplo, el general Porfirio Díaz utilizó mano dura para limpiar de asesinos y ladrones los caminos, las ciudades y los pueblos.
Sin embargo, en aquel tiempo –fines del siglo XIX y principios del XX- no existían las leyes de protección de los derechos humanos. Hoy las autoridades ponen por encima de la seguridad los derechos de las personas, que incluyen a los propios delincuentes, y es aquí donde empiezan los problemas, porque pareciera que derechos humanos y seguridad pública son incompatibles: lo cierto es que pueden coexistir, sólo que para ello hace falta saber gobernar.
Imagen: El Informador en Facebook.
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